¿Cuánto invierte el Estado uruguayo en tecnología?

USD 100 millones al año, dos de cada tres dólares en servicios y más de mil empresas vendiendo. Quién compra, quién se lo lleva, y por qué la mitad de ese mercado está al alcance de una empresa chica.

Datos públicos del registro de adjudicaciones de ARCE, procesados por Gubly. Snapshot a agosto de 2026.

Entre enero de 2024 y agosto de 2026, el Estado uruguayo adjudicó USD 59,8 millones sólo en mantenimiento de software. En el mismo período, todo el hardware que compró (computadoras, notebooks, servidores, routers, impresoras, tarjetas) sumó USD 49,8 millones. Sostener lo que ya tiene le cuesta más que comprar cosas nuevas.

Esa sola comparación resume un cambio que la industria intuye pero rara vez mide. El Estado dejó de ser un comprador de equipos para convertirse en un contratante de servicios: hoy dos de cada tres dólares que invierte en tecnología se van en mantener, desarrollar, administrar y dar soporte. El hardware quedó en el 17%.

Este informe reconstruye ese mercado con el registro completo de adjudicaciones publicadas en el portal de compras estatales entre 2019 y agosto de 2026, más de 26.000 procedimientos tecnológicos, clasificando cada renglón según la clase oficial del catálogo único de bienes y servicios del Estado, no según criterio propio.

El gasto tecnológico del Estado creció 58% entre 2019 y 2025, y desde 2022 se mueve en un rango de 85 a 110 millones anuales. La caída de 2020 es nítida: la pandemia recortó la compra a la mitad y el hardware se desplomó un 70%. El pico está en 2023, con USD 110 millones.

El rubro individual más grande del Estado es el mantenimiento de software: USD 59,8 millones en el trienio, en 652 procedimientos y con 191 proveedores distintos, más que todas las computadoras, notebooks y servidores juntos. Y creció fuerte: pasó de USD 6 millones en 2019 a un rango de 14 a 28 millones desde 2023.

Es UTE, con USD 49 millones en el trienio: más que Presidencia, el Ministerio del Interior y la DGI juntos. Detrás aparece la banca pública y recién después la administración central. Entre los diez primeros compradores, seis son empresas públicas o entes autónomos.

La columna de la derecha esconde el dato accionable. ANCAP concentra USD 7,5 millones en apenas 19 procedimientos: compra poco y grande. ANEP reparte USD 3,9 millones en 191: compra mucho y chico. Son dos mercados opuestos que exigen dos estrategias comerciales opuestas.

Del lado de la oferta conviven modelos de negocio opuestos, y se distinguen por cuántos contratos necesita cada uno para facturar lo mismo. Agrupando a los doce mayores proveedores del trienio según esa sola variable, aparecen tres perfiles nítidos:

Los tres grupos facturan cifras comparables, pero por caminos incompatibles: el ticket promedio del primer grupo es 20 veces el del tercero. Cuatro empresas se reparten USD 61 millones en apenas 58 procedimientos, mientras otras cuatro necesitan 802 para llegar a USD 42 millones.

Hay además dos casos que rompen el molde. Un fabricante internacional de software se adjudicó USD 8 millones directamente, en ocho procedimientos y sin canal local de por medio. Y aparece el Estado vendiéndose a sí mismo, con ANTEL adjudicándose USD 7 millones en servicios TIC de otros organismos. El mercado está concentrado arriba, pero menos de lo que suele suponerse: los diez primeros se llevan el 40% del monto, y el resto se reparte entre más de mil empresas.

Ordenados por dinero, los servicios dominan la lista. Pero la columna que más dice es la última: cuántos proveedores distintos se reparten cada rubro.

Hay rubros abiertos y rubros cerrados. El mantenimiento de software, el más grande de todos, lo reparten 191 empresas: es un mercado accesible. En cambio la administración de software mueve USD 12,4 millones en manos de quince, y el alojamiento en datacenter, de tres. Para quien quiera entrar, ahí está el mapa de dónde hay lugar y dónde hay que desplazar a alguien.

Un corte que casi no se publica: de los USD 292 millones del trienio, USD 87 millones se contrataron como abono recurrente (mensual, anual o trimestral) y USD 32 millones como bolsas de horas. El resto, USD 155 millones, es compra puntual por unidad. En paralelo, las suscripciones de software pasaron de USD 2.000 en 2021 a USD 9,1 millones en 2025.

Tres evidencias independientes apuntan al mismo lado: el Estado está migrando de comprar cosas a suscribir servicios, el mismo viraje que el sector privado hizo hace una década. Para un proveedor, eso cambia la aritmética del negocio: menos ventas grandes y esporádicas, más ingresos recurrentes y más competencia por renovación.

Hasta acá, el pasado. Pero desde el ejercicio 2025 los organismos están obligados por ley a publicar por adelantado qué piensan comprar, en el Plan Anual de Contrataciones. Ese registro, mucho menos mirado que el de adjudicaciones, permite ver el mercado antes de que exista.

Para 2026 hay 266 compras tecnológicas planificadas por 34 incisos distintos, con 701 renglones detallados. Una aclaración necesaria: el plan no publica montos. Ninguno de los 266 tiene valor estimado, así que lo que sigue habla de volumen e intención, nunca de dinero.

Las licencias de software son lo que más organismos planean comprar, con 18 incisos distintos anotándolas. Sumadas a las renovaciones, el software licenciado aparece en 59 planes. De los 266, 68 tienen su período de convocatoria por delante al cierre de este informe.

El plan anual es indicativo, no vinculante: uno de cada cuatro planes publicados para 2026 ya figura dado de baja (excluidos de estos conteos), y cuando un organismo lo modifica, lo habitual es posponer. En los ajustes publicados, la convocatoria se corre una mediana de 135 días.

De los 3.817 procedimientos tecnológicos de 2025, la mitad se adjudicó por menos de USD 1.341. El promedio, de USD 26.900, lo inflan unos pocos contratos enormes, pero el negocio cotidiano del Estado comprando tecnología es la compra directa chica: un lote de notebooks, una renovación de licencias, un soporte puntual.

Para una empresa tecnológica pequeña, entonces, el Estado no es una muralla reservada a multinacionales: es un mercado de ticket bajo, alta frecuencia y pago confiable, donde la barrera real no es el tamaño sino enterarse a tiempo de que la oportunidad existe. Cada año, entre 650 y 710 empresas distintas lo demuestran.

El informe es un piso del gasto real, no un techo. Quedan fuera del registro público de adjudicaciones:

• Plan Ceibal: el mayor comprador de tecnología educativa del país compra fuera del portal.
• Semiestatales: CND, MEVIR, LATU y fundaciones tienen regímenes propios de compra.
• ANTEL histórica: sus compras entran al registro recién en 2025-2026. En lo que va de 2026 ya registró USD 23,4 millones en tecnología, y por eso se la excluye de la serie histórica.
• Convenios marco: desde la Ley 20.446, una parte creciente de la compra de commodities tecnológicos migrará a la Tienda Virtual, cuyas órdenes no se publican como adjudicaciones.

Fuente. Adjudicaciones publicadas en comprasestatales.gub.uy (ARCE), procesadas por Gubly. Más de 1.890.000 renglones adjudicados, de los cuales el 97% tiene código del catálogo oficial. La sección sobre compras planificadas usa el Plan Anual de Contrataciones, publicado por obligación legal desde el ejercicio 2025 (art. 451 de la Ley 15.903).

Clasificación. Por la clase oficial del catálogo, cuarto nivel de la jerarquía familia, subfamilia, clase, artículo, y no por criterio propio. Hardware reúne las clases de equipos informáticos, equipos de redes y dispositivos; Software, las de software de base y bases de datos; Servicios, las de servicios TIC contratados y ofrecidos.

Una advertencia sobre el criterio. El catálogo clasifica como servicios tanto el mantenimiento de software como las renovaciones de licencia. Contabilizar renovaciones y actualizaciones como gasto en software, una lectura económica igualmente defendible, movería el mix del trienio de 67/17/16 a 55/17/28: son USD 33 millones que cambian de columna. Si además se contabilizara así el mantenimiento, la diferencia treparía a USD 93 millones. Esa sensibilidad al criterio explica buena parte de las discrepancias entre las estimaciones del sector que circulan habitualmente.

Montos. En dólares sin IVA, al tipo de cambio de cada operación. Son montos adjudicados, no ejecutados: un contrato plurianual se imputa completo al año de su adjudicación, lo que explica los saltos de la serie.

Control de calidad. Fechas inválidas excluidas. Los seis renglones individuales superiores a USD 10 millones fueron verificados uno por uno contra su expediente en el portal de ARCE. Tres resultaron errores manifiestos de carga y se excluyeron: un renglón que declaraba USD 57.000 millones, otro de mil licencias de ofimática a USD 294.300 cada una (por USD 359 millones, cuando el precio unitario debía ser USD 294,30) y uno de 55.000 horas a USD 2.741 la hora. Los tres restantes se confirmaron como contratos reales y se contabilizan por su valor pleno, sin tope.

¿Periodista o investigador? Podés citar estas cifras atribuyéndolas a Gubly sobre datos abiertos de ARCE. Los cortes por organismo, proveedor, rubro o período se desagregan a pedido: hola@gubly.com.uy. Ver también nuestro informe sobre el mercado completo de compras públicas.

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